Berstein revela cifras del “denunciante anónimo”: se pagaron $415 millones a quienes colaboraron en investigaciones de la CMF

La figura del “denunciante anónimo”, establecida en la Ley de Agentes de Mercado de 2021, fue una de las últimas herramientas de supervisión entregadas por el Congreso a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La norma estableció un incentivo económico a quienes entregaran información relevante sobre eventuales infracciones o ilícitos en empresas que estuvieran bajo el perímetro del regulador.

Hasta este martes se desconocía el uso y la efectividad del denunciante anónimo, pero la presidenta de la CMF, Solange Berstein, dio las primeras cifras sobre esta figura.

“Esto ya está funcionando de manera activa. Al principio teníamos algunas dudas de cómo canalizarlo (...) Pero nos ha sido útil en algunos procedimientos sancionatorios”, destacó Berstein.

Entre 2021 y 2023 el regulador recibió 55 solicitudes de reconocimiento de denunciante anónimo, y se pagó un total de UF 11.160 -equivalente a $ 415 millones- por concepto de compensación económica a los denunciantes. De las 55 solicitudes, la mitad se recibió en 2023.

“Esto ya está funcionando de manera activa. Al principio teníamos algunas dudas de cómo canalizarlo (...) Pero nos ha sido útil en algunos procedimientos sancionatorios. Por razones evidentes, no puedo dar demasiado detalle”, sostuvo.

A nivel de personas sancionadas por la CMF, en 2023 la cifra alcanzó un total de 122, de las cuales en un 75% de los casos el regulador determinó establecer una multa. En 2022, se sancionó a 110 personas.

Mientras que el número de denuncias recibidas en la CMF, en 2023 llegó a 391, un 42,8% más que en 2022.

En el caso de las empresas bajo el perímetro del supervisor, Berstein destacó la sanción que se impuso a la corredora de bolsa STF Capital, que terminó con la cancelación de la intermediaria, junto con multas a la compañía y a sus principales ejecutivos, los que posteriormente protagonizarían el caso Factop.

Finanzas Abiertas

En cuanto a los desafíos para el presente ejercicio, Berstein mencionó la implementación del nuevo Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) de la Ley Fintech; la incorporación y cuantificación de los riesgos climáticos; el riesgo de ciberseguridad asociado a la irrupción de la tecnología y la necesidad de revisar el marco legal y normativo para fortalecer la resiliencia del sistema financiero.

Asimismo, la CMF entregó su plan regulatorio para los próximos dos años que incluye, entre varios aspectos, el perfeccionamiento de la norma del Pilar 2 en la banca; una normativa sobre seguros paramétricos; y las reglas que definirán los estándares de conducta que deben cumplir los bancos, compañías de seguros y AGF en la relación con sus clientes.

Factoring en la mira

Al concluir la cuenta pública, Berstein participó en un punto de prensa donde fue consultada por DF sobre el rol de la CMF en la supervisión de la industria de factoring, considerando los casos de Factop y Primus Capital. Este último es emisor de valores de oferta pública ya que tiene bonos colocados en el mercado.

Berstein explicó que si un factoring solo compra facturas con descuento “eso es una entrega de financiamiento no sujeta a fiscalización” de la CMF.

Sin embargo, agregó que si estas facturas se transan (por ejemplo en la Bolsa de Productos) y “se transforman en un intermediario de instrumentos financieros” sí se pueden catalogar en la supervisión que establece la Ley Fintech.

En el caso de Primus, afirmó que “es un emisor de valores, por lo tanto, entra al perímetro de fiscalización”. Pero al ser consultada si la Comisión iba a sancionar al factoring, señaló: “Eso es reservado y recién cuando hay una infracción que comunicar, se comunicará”.